javier hernandez
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La PGR tiene que pagar 271 millones de pesos por daños y perjuicios a los dueños de un avión asegurado al narco.
Ciudad de México.- La PGR tiene que pagar 271 millones de pesos por daños y perjuicios a los dueños de un avión asegurado al narco, que fue desmantelado y rematado por 70 mil pesos sin justificación legal.
El avión, un Rockwell Sabreliner, fue asegurado en el 2000, pero 2 años después los pilotos fueron absueltos en definitiva porque durante el juicio se resolvió que la PGR “alteró el estado físico de la aeronave, y las alteraciones impidieron que sirviera como prueba en el proceso penal”.
Aunque tenía que devolver el avión, la Procuraduría lo sumó a su flota, lo usó 6 años, y en abril de 2006 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lo remató como chatarra por 70 mil pesos.
En 2008, la empresa dueña del avión presentó una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, y en julio de 2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolver si existió “actividad administrativa irregular” de las dependencias involucradas.
En ejecución a este amparo, el TFJA resolvió el 3 de noviembre de 2015 que la PGR y el SAE tienen que pagar 13.9 millones de pesos por daños y 257.6 millones de pesos por perjuicios, los cuales deberán ser erogados sólo por la primera dependencia.
Los daños son por la pérdida del avión, que valía 780 mil dólares cuando fue asegurado, y los perjuicios son la ganancia que la empresa, Servicios y Reparaciones Aeronáuticos, S.A., dejó de percibir al no poder utilizarla, actualizada con intereses.
PROCESO
El 16 de noviembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró improcedente el recurso con el que la PGR intentaba mantener vivo el litigio, por lo que la sentencia ya es inapelable.
Ciudad de México.- La PGR tiene que pagar 271 millones de pesos por daños y perjuicios a los dueños de un avión asegurado al narco, que fue desmantelado y rematado por 70 mil pesos sin justificación legal.
El avión, un Rockwell Sabreliner, fue asegurado en el 2000, pero 2 años después los pilotos fueron absueltos en definitiva porque durante el juicio se resolvió que la PGR “alteró el estado físico de la aeronave, y las alteraciones impidieron que sirviera como prueba en el proceso penal”.
Aunque tenía que devolver el avión, la Procuraduría lo sumó a su flota, lo usó 6 años, y en abril de 2006 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lo remató como chatarra por 70 mil pesos.
En 2008, la empresa dueña del avión presentó una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, y en julio de 2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolver si existió “actividad administrativa irregular” de las dependencias involucradas.
En ejecución a este amparo, el TFJA resolvió el 3 de noviembre de 2015 que la PGR y el SAE tienen que pagar 13.9 millones de pesos por daños y 257.6 millones de pesos por perjuicios, los cuales deberán ser erogados sólo por la primera dependencia.
Los daños son por la pérdida del avión, que valía 780 mil dólares cuando fue asegurado, y los perjuicios son la ganancia que la empresa, Servicios y Reparaciones Aeronáuticos, S.A., dejó de percibir al no poder utilizarla, actualizada con intereses.
PROCESO
El 16 de noviembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró improcedente el recurso con el que la PGR intentaba mantener vivo el litigio, por lo que la sentencia ya es inapelable.